En la ONU se evalúan los compromisos de Colombia en Derechos Humanos
Este artículo apareció originalmente en El Espectador. Fue escrito por Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma en Colombia, un miembro de la Red de Privacidad Internacional.
Los frecuentes escándalos sobre el abuso de la vigilancia estatal en actividades de inteligencia, la exagerada obligación legal que tienen las empresas de telefonía de retener los datos de las comunicaciones de sus usuarios por cinco años o la manera como se diluye el concepto de privacidad en el Código de Policía serán parte del examen que se haga en el seno de la ONU sobre la forma como Colombia cumple sus compromisos de derechos humanos.
Dirigido por los Estados y con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso de evaluación que cada cuatro años revisa los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU. Colombia enfrenta su evaluación el 10 de mayo en el Palacio de las Naciones de Ginebra.
El elemento clave de este proceso es que, durante la evaluación, los actores interesados puedan presentar sus perspectivas sobre la situación de derechos humanos en el país. Así, cuando se evalúa a Colombia, lasociedad civil puede hacerse sentir y dar su propia versión a los evaluadores.
En octubre de 2017, diferentes organizaciones de la sociedad civil presentamos informes sobre las variadas temáticas que el EPU evalúa. Como les contaba hace un par de semanas, Karisma, donde trabajo, presentó un informe en temas de privacidad con Privacy International y Dejusticia. Adicionalmente, apoyó el informe que otras 500 organizaciones presentaron; nuestro aporte también fue en el tema de privacidad.
Haciendo estos informes, pudimos evidenciar que la privacidad por símisma no ha formado parte de las evaluaciones previas de Colombia, esto a pesar de que la vigilancia estatal ha sido una rueda suelta en el país desde hace ya mucho tiempo. Esperamos que como resultado de la evaluación de este año se diga expresamente que acá no hay garantías, ni controles o supervisión para las actividades de vigilancia estatal y que la retención de datos en Colombia es desproporcionada.
Creemos que sería muy valioso para que se den cambios por parte del Estado colombiano en el respeto por la privacidad si en el EPU se menciona cómo los abusos y problemas con las actividades de vigilancia son una amenaza, especialmente, para defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas. También nos gustaría que se diga expresamente que es inadecuada la protección que se da a los metadatos de nuestras comunicaciones y que se condene la forma en que normas recientes, por ejemplo, la reforma al Código de Policía, desdibujan conceptos como privacidad y espacio público.
Los informes que realiza la sociedad civil permiten a los Estados revisar la situación del país evaluado desde la óptica ciudadana. De otro lado, quienes presentamos estos documentos podemos, a partir de nuestro análisis, influir en el resultado de la evaluación. Con estos documentos y las evidencias que reflejamos en ellos, buscamos que las representaciones diplomáticas en Colombia y las misiones permanentes en Ginebra escuchen nuestras preocupaciones y recomendaciones. Así contribuimos a que los países tomen decisiones informadas sobre las prioridades de su evaluación, e incidimos en las recomendaciones que dirigirán a Colombia a través del EPU.
El resultado de este trabajo ha permitido, por ejemplo, que las preocupaciones sobre vigilancia estatal y privacidad que se evidencian desde la sociedad civil se incluyeran en EPU de países como India, Bélgica, Sudáfrica y Paraguay.
Aunque la evaluación para Colombia está sucediendo al interior de las estructuras diplomáticas de los diferentes países, el examen central sucede en Ginebra durante tres horas y media en una cita establecida desde hace meses. A esa cita asistirá el Estado colombiano y mediante un diálogo con los otros Estados miembros expondrá sus avances y escuchará las recomendaciones que se le hagan y que servirán para el EPU de 2022.
La evaluación para un país en posconflicto que cierra un gobierno cuya cabeza es un nobel de Paz es un tema que nos interesa a todos. El próximo 10 de mayo el EPU se transmitirá desde Ginebra y las 500 organizaciones nos hemos coordinado para retransmitirla a partir de las 10 a.m. —hora local— en auditorios en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Barrancabermeja. En diferido se podrá ver en Tumaco y Sincelejo —aún sin fecha confirmada—, el 15 de mayo, en Neiva y el 17 de mayo, en Quibdó. Si le interesa, entérese de los detalles a través de #500organizacioneshablan y veamos cómo pinta la situación de DD. HH. en la Colombia del futuro, porque la impresión que tenemos muchos es que #ColombiaSeRaja en derechos humanos.