En el punto de mira: Sofía de Robina

De forma más reciente, experimentamos incidentes de vigilancia muy físicos y a la antigua, en relación por ejemplo el caso de Tlatlaya - la ejecución extrajudicial en lo que el gobierno llamó un levantamiento, pero que fue en realidad la ejecución de un número indeterminado de personas, incluida la hija de Clara Gómez a quien representamos. En ese caso en particular se vivieron experiencias de vigilancia, porque las fuerzas armadas han sido históricamente uno de los actores que más hemos encontrado en el abordaje de los casos. Cuando había información del caso, o sino también alrededor del aniversario de las ejecuciones, constantemente había vigilancia fuera de nuestras oficinas. Muchas veces veíamos gente tomando fotos, personas que daban vueltas alrededor en fechas donde se sabía que había algo.

Clara tuvo que salir de su territorio por la situación, y ella cuenta con medidas cautelares por ser sobreviviente, y ser la que alzó la voz sobre las ejecuciones. A raíz de las medidas cautelares que ya tenía Clara y los incidentes de vigilancia que vivía Centro Prodh, informamos a la Comisión Interamericana y a las Naciones Unidas sobre estos incidentes. Cuando Tlatlaya como Ayotzinapa llegaron a su punto álgido, las Naciones Unidas ordenaron medias cautelares para proteger al Centro Prodh. Esas medidas no generaron acciones específicas en es momento porque decidimos que no queríamos patrullas afuera de las oficinas, tanto por política y porque generaba más riesgo. Pero las medidas fueron un llamado político de organizaciones internacionales que visibilizaron los incidentes que el caso generaba en nuestro trabajo.

Teníamos una bitácora donde íbamos documentando cada vez que alguien tomaba fotos de la oficina. Como muchas veces pasa a quienes defienden los derechos humanos, minimizábamos lo que pasaba o dábamos nuestra seguridad por sentada. Aún así tomamos medidas y desarrollamos protocolos, por ejemplo no dejar salir a nadie de la oficina en los momentos álgidos. Poco a poco esto empezó a volverse parte de los casos que tratábamos.

Varias veces tuvimos también fallas en el equipo, en internet, y en los servidores, que después con todo el contexto asumimos eran parte de estos incidentes de vigilancia.  SocialTIC y Access Now hicieron un análisis de los servidores para fortalecerlos y desarrollar protocolos más adecuados de seguridad digital dentro del edificio. Y sí detectaron que habían varios intentos de entrada a los servidores, y a la página web que varias veces se cayó. En esos años vivimos algo de eso, y dentro de todo pudimos tener esa respuesta gracias a los colegas que trabajan esos temas.

Previamente en la defensa de Ayotzinapa, el entonces sub-director de Centro Prodh tuvo una llamada con los padres de familia involucrados en el caso. Esa llamada fue filtrada en 2016 y además descontextualizada, implicando alguna conexión con el crimen organizado por parte de Centro Prodh que era falsa. En ese momento hubo alarma en varios sentidos. Aunque teníamos experiencia de vigilancia de forma más física o tradicional, con la filtración de esta llamada sentimos un cambio, porque significó un mayor nivel de intrusión. Lo que generó preocupación fue no saber qué tanta información tenían estos actores maliciosos, y de qué manera planeaban usarla. La preocupación principal del equipo era el riesgo que esta intrusión conllevaba para las personas que acompañábamos, y nuestras propias estrategias de litigio.

Esta llamada fue antes de saber de Pegasus. Cuando supimos de Pegasus, todo empezó a tener sentido. No tuvimos confirmación que esa llamada hubiera podido ser obtenida por Pegasus, pero el colega afectado había recibido uno de los mensajes de texto sospechosos con anterioridad. Si no están relacionados, al menos nos dejó ver que había una intencionalidad mucho más fuerte y grande de llegar a esa información y incluso utilizarla si era necesario. A finales del 2016 nos contactaron desde R3D para decirnos que estaban documentando estos casos y asumían que el gobierno podría tener interés en espiarnos, por lo que recomendaron que revisáramos los celulares. Efectivamente, varios colegas habían recibido mensajes personalizados. Estos mensajes se alejaban del típico mensaje “te ganaste un coche”, y fueron claramente creados con ingeniería social, lo cual aumentaba las posibilidades que el usuario diera click. Esta personalización en sí revela que se necesita toda una maquinaria, además de conocimiento previo y información previa para hacer llegar este tipo de mensaje.

Cuando se nos explicó las dimensiones de Pegasus, empezó la preocupación de hasta qué nivel podían llegar, y los impactos que podía tener más allá del equipo, tanto a nivel de la familia como a nivel de las personas que acompañamos. Nuestra información como organización de derechos humanos es pública: nuestra información financiera, a quiénes defendemos, y por qué los defendemos. Nos quedó la duda de por qué necesitaban esta información confidencial, si para adelantársenos en estrategia, o para seguir intimidándonos. La pregunta de fondo sigue siendo qué buscan hacer con esta información.

Para nosotros fue importante haber contado con el apoyo y acompañamiento de estas organizaciones, porque ellos nos pudieron ayudar a defendernos y poder continuar haciendo nuestro trabajo. Somos víctimas, pero al mismo tiempo nos están acompañando otras organizaciones.

¿A qué atribuyes estos incidentes?

Definitivamente tiene que ver con el trabajo que hacemos y el nivel de tensión que ello genera frente a los actores que puedan estar involucrados. Mucho de nuestro trabajo consiste en denunciar las cosas que no se están haciendo bien, y hay interés en inhibir y intimidar el trabajo que hacemos. Ello está muy relacionado con los intereses que tocan los casos que defendemos, que históricamente han estado muy arraigados, y el hecho que los actores perseguidos se han sentido intocables con el nivel de impunidad que vivimos en este país.

¿Pudiste identificar a las personas o entidades detrás de estos incidentes? ¿Estaban afiliados al sector público, privado, o ambos? Si no pudiste identificar a los autores, ¿cuáles son tus sospechas?

No hemos sabido de donde venían los ataques. Por el contexto o los momentos en los que se dieron, hemos podido tener presunciones, como por ejemplo alrededor del caso Tlatlaya, que se enfocó alrededor del actuar de las fuerzas armadas. Pero no tenemos la certeza de dónde pudieron haber venido los ataques.

Con Pegasus es distinto. Hay muchas más presunciones. A raíz del espionaje de Pegasus, interpusimos una denuncia ante la Procuraduría General del Estado, al seno de la cual estaba la Agencia de Investigación Criminal, que era una de las agencias señaladas como probables responsables.  Sabíamos que sería prácticamente imposible obtener respuestas, pero aún así consideramos que era importante interponer la denuncia para saber qué se obtuvo, qué se tiene como información y dónde está. La investigación sigue abierta. Más allá de reducir el número de actores potencialmente involucrados, no hemos obtenido nombres concretos.

No hemos sabido con certeza que hayan estado involucrados actores privados. Vinculamos las actividades de vigilancia mucho más con actores estatales. El gobierno se apoya en empresas en muchos otros sentidos, como por ejemplo la privatización de actividades. Seguro que en ese tránsito muchas de las acciones relacionadas con vigilancia podrían tener cada vez mayor relación con actores privados. Más allá de eso, siempre vinculamos la vigilancia a actores estatales sabiendo que llega un punto en el cual es difícil diferenciar actores, no se sabe cuándo termina uno y cuando empieza otro.

¿Cómo ha impactado tu trabajo la experiencia de vigilancia y acoso?

Fue difícil entender que era lo que sucedía sobretodo cuando estas estrategias se volvieron más digitales. Fue más complejo. Saber que éramos vulnerables en un contexto en el que estábamos en tanta desventaja fue también reconocer que necesitábamos actualizarnos, y tener aliados. Uno de los fuertes impactos fue el ver como trascendía de lo personal, y podía tener impacto en las familias y las personas que acompañábamos. Estamos acostumbrados a que sean las personas que representamos las que muevan nuestras acciones y trabajo, entonces tener que hablar de nosotros fue difícil.

Y obviamente teníamos que dedicar tiempo, esfuerzo e incluso dinero para fortalecernos en el rubro de seguridad digital en todas las dimensiones de nuestro trabajo, desde la concepción de proyectos a buscar celulares más adecuados para hacerle frente a estos riesgos de intercepción. Ello implicó un tema importante desde el punto de vista institucional.

¿Cuál ha sido el impacto de vigilancia y acoso en tu vida personal?

La parte más personal la veíamos como equipo: una sensación de mucha incertidumbre, y de miedo de que se filtre información cualquier día, ya sea real o tergiversada. A pesar de que no tenemos nada que esconder, sabemos que cualquier información interceptada puede ser usada por el agresor de una manera que afecte, ya sea para tergiversar esa información, o para intimidar a las familias que acompañamos. Fue un impacto fuerte sentirse en riesgo continuo, lo cual erosionó cualquier sensación de seguridad. 

Aún en ese momento, era difícil hablar de vigilancia como un tema importante, particularmente con el nivel de homicidios que hay a periodistas, porque al fin y al cabo estamos vivos. Colegas y otros defensores de DDHH no han tenido esta suerte, y nos costaba darle importancia a este tema al no querer dejar de poner en su justo lugar a esos casos más serios. Centro Prodh está en CDMX y tenemos contactos y conexiones que nos respaldan y nos apoyan, pero no es la realidad que viven la mayoría de los defensores en los estados mexicanos. Reconocer eso nos invitó a reconocer este tipo de vigilancia como la punta del iceberg para ayudar a visibilizar sobretodo a las personas que pudieran estar en mucho mayor riesgo.

¿Alguna vez buscaste la ayuda de las autoridades? Si no fue así, ¿por qué no? Si te acercaste a las autoridades, ¿cuál fue el resultado?

Comentamos estos incidentes en reuniones y espacios políticos. Cuando el comité de la ONU amplió las medidas cautelares para que aplicaran al Centro Prodh, hubo un acercamiento por parte de las autoridades para ver si queríamos que eso se materializara a través de entrar al mecanismo de protección o si queríamos que hubiera vigilancia fuera de la oficina. La decisión fue que no queríamos más presencia de actores estatales - desde el riesgo que podía implicar su presencia alrededor de la oficina, pero también la inhibición de las personas que constantemente vienen a esta oficina por asesorías, como las familias de Ayotzinapa, para quien Centro Prodh era su casa antes de la cuarentena. Más bien nuestra exigencia fue que frenaran las conductas, y que si se tenía información, que se compartiera. También mandamos información a organismos internacionales, lo cual siempre regresa al estado. En ese sentido, el gobierno siempre supo de la vigilancia a la que se enfrentaba Centro Prodh.

En relación a la vigilancia a nivel más físico, por ejemplo la que se daba fuera de la oficina, no interpusimos una denuncia porque no veíamos que fuera de mucha ayuda. No veíamos un impacto que fuese proporcional al desgaste que significa un proceso penal. Sin embargo, siempre buscamos documentar no sólo internamente pero también mediante los envíos a organismos internacionales, para que hubiera antecedentes, y si algo escalaba, poder tener las pruebas necesarias.

En el caso de Pegasus, el mismo día que se hicieron públicos los casos se presentaron la denuncia penal en la Fiscalía (entonces Procuraduría General del Estado) y la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al final, eran hechos que consideramos que tenían que investigar, y que había mucha información que teníamos que saber.  La denuncia fue interpuesta ante la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión), la unidad que investiga delitos contra periodistas, quien nos solicitó que entregáramos nuestros celulares a las autoridades. Nos negamos a eso. Hasta la fecha, la FEADLE se apoya en esa negativa para justificar el estancamiento de la investigación. Es el pretexto perfecto.

Más allá de la desconfianza natural que existe, incluso en términos técnicos, el análisis de celulares no es la mejor forma de investigar a Pegasus porque el software puede auto-destruirse, y posiblemente no se encuentre nada. Aún si permitiéramos a las autoridades acceder a nuestros celulares, es muy probable que no encontraran nada por el nivel de ocultamiento y también de autodestrucción de Pegasus, y si así fuera, cerrarían la investigación, y. Esa ha sido una batalla que lleva tres años y ha sido constante. Y también han habido problemas. Por ejemplo, tardaron mucho en realizar diligencias que solicitamos  con el apoyo de CitizenLab y la R3D. Inicialmente nos negaron estas diligencias, y tuvimos que acudir ante el juez de control, quien resolvió a nuestro favor y declaró que se tenían que recabar estas pruebas respecto a las cuales hicimos diligencias. La investigación lleva tres años abierta pero sin mayores avances. Durante la investigación, en un momento se obstaculizó el involucramiento de miembros de la FEADLE. Eso muestra que dentro de la propia Fiscalía hay diferentes modelos de actuación, no es homogéneo.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales abrió una investigación, y en el marco de esa investigación encontró ciertas respuestas que parecían irregulares por parte de la Fiscalía. Efectivamente, habían contradicciones entre las respuestas de la Fiscalía y lo que había en las carpetas, las cuales hemos señalado se tendrían que investigar como posible obstrucción a la justicia. Hemos sentido que las autoridades buscan cualquier motivo para cerrar la investigación, y sabíamos que no iba a avanzar.

Lo que es muy claro es que incluso el uso legal del software Pegasus deja mucho que desear, por todas las irregularidades por las que operan, y las faltas de registro. La R3D es muy enfática en decir que no solamente se tiene que llegar a la verdad como garantía de no repetición, sino que también tendrá que haber muchos mayores cambios estructurales a nivel legislativo para asegurar que este tipo de herramientas no sean usadas de forma arbitraria.

En tu país, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los defensores de derechos humanos al intentar acceder a la justicia?

El acceso a la justicia en general es uno de los temas más preocupantes en derechos humanos. El nivel de impunidad ha sido señalado por organizaciones y organismos internacionales como uno de los temas que ha mantenido la crisis de filtraciones, que se mantiene aún con el cambio de gobierno. Incluso cuando hay voluntad encuentras inercias propias de las autoridades a cargo de las investigaciones que están acostumbradas a no investigar, o que tradicionalmente se avalan de métodos ilegales como la tortura. El acceso a la justicia en general es complejo, pero siempre hay un impacto diferenciado en grupos en situación de vulnerabilidad. Y en casos de defensores hay retos sobretodo relacionados con la investigación cuando se tratan de actores estatales. Lo que han documentado los que se dedican específicamente a temas de defensores es que en la gran mayoría de casos de hostigamiento siguen habiendo autoridades involucradas. Investigar casos que de alguna forma que de una forma pudieran señalar a las propias autoridades cuando no está garantizada la autonomía ni en las fiscalías estatales y federales refleja de las limitantes que pueden tener los procesos.

En temas de vigilancia, hay retos propios de la naturaleza de las amenazas y agresiones, por ejemplo la dificultad de documentar un caso como Pegasus, más en términos técnicos. También hemos tenido muchas dificultades con los propios peritos que muchas veces ni siquiera están capacitados en este tipo de herramientas de vigilancia.