Esta es la vigilancia que Estados Unidos está exportando a Centroamérica como ayuda. Y está sobreviviendo a los recortes de Trump

Foto: US AID

El presidente estadounidense Trump ha estado recortando la ayuda a Centroamérica, incluyendo un recorte sorpresivo de aproximadamente 500 millones de dólares a los países del “Triángulo del Norte” (El Salvador, Guatemala y Honduras), al parecer como castigo por “no haber hecho absolutamente nada” para impedir la emigración hacia los Estados Unidos. 

Los fondos restantes están siendo reorientados,en su gran mayoría y deliberadamente, al gasto para defender los intereses de seguridad de los Estados Unidos. De hecho, según el fiscal general de los Estados Unidos, un área que se salvará de los recortes al Triángulo del Norte es la ayuda policial, es decir, la asistencia financiera y técnica para las fuerzas de orden público. Hoy en día eso también significa el suministro de capacidades de vigilancia.

Destinar la ayuda a la financiación de organismos de policía extranjeros es parte de un uso más amplio que se le está dando a la asistencia militar y de seguridad que Estados Unidos entrega a otros países con el propósito de promover su propia seguridad y sus objetivos en el exterior: en 2001 Estados Unidos gastó 5,700 millones de dólares en ayuda para la seguridad; en 2017 gastó más de 20,000 millones de dólares. 

En 2015 la ayuda para seguridad militar y no militar ascendió aproximadamente al 35% del gasto total de la ayuda exterior de los Estados Unidos; gestionada por distintas autoridades, incluidos los Departamentos de Estado y de Defensa y organismos como el DHS, la DEA, la NSA y el FBI, la ayuda está siendo usada para capacitar, financiar y equipar a organismos de vigilancia alrededor del mundo. 

Lo anterior no sólo desvía los fondos de ayuda de actividades como la construcción de escuelas, sino que además propaga por el mundo capacidades de vigilancia invasivas y poderosas. Si no existen garantías adecuadas en la legislación y en la práctica, esto refuerza el autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos, fomentando las condiciones que hacen que las personas emigren mientras que recorta los tipos de ayuda que aumentan las oportunidades para las personas.

A continuación, presentamos un panorama general de cómo la ayuda exterior de Estados Unidos para El Salvador, Guatemala y Honduras es gastada en vigilancia.

Equipos de vigilancia

Trump está desviando su presupuesto de ayuda a Centro América a temas de seguridad. Su solicitud de presupuesto para 2019 recortaría la ayuda para la región en 191 millones de dólares (30%) en comparación con la cifra de 2018, mientras que simultáneamente asignaría el 58% del total a la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI), un extenso programa que proporciona equipos, capacitación y asistencia técnica a las fuerzas de orden público de Centro América.

Por ejemplo, en desarrollo del programa CARSI, en 2018 el Departamento de Estado pagó casi 160,000 dólares en recursos de ayuda a JSI Telecom, una empresa de vigilancia especializada en la interceptación y el análisis de datos, para su ejecución en Guatemala. JSI Telecom, que opera el sistema de escuchas telefónicas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, se describe a sí mismo como un “proveedor líder de soluciones de recolección de interceptación de comunicaciones”.

Adicionalmente, en el marco del programa CARSI, en 2017 más de 17,000 dólares de ayuda fueron gastados en el “mantenimiento de furgonetas de vigilancia” en El Salvador. Los fondos fueron pagados a CellXion, una empresa de vigilancia con sede en el Reino Unido que vende IMSI Catchers, dispositivos utilizados para identificar teléfonos móviles e interceptar llamadas en áreas públicas en masa. El gobierno del Reino Unido aprobó la exportación de un IMSI Catchera El Salvador en 2015, aunque no se sabe si fue para CellXion.

De acuerdo con datos de transparencia en la ayuda, en 2018 el Departamento de Estado efectuó pagos por más de 300,000 dólares en recursos de asistencia a la compañía de vigilancia Pen-Link para proyectos antinarcóticos en El Salvador. Pen-Link vende sistemas que interceptan redes de telecomunicaciones y plataformas de análisis, lo que permite a las fuerzas de orden público escrutar información de teléfonos, redes sociales, correos electrónicos y otras comunicaciones a través de Internet.

Otrosdatos del gobierno indican que el Departamento de Estado ha entregado:

• Equipos de investigación para la policía hondureña por un costo de 782,000 dólares, incluyendo un potente sistema de análisis forense digital conocido como UFED que se utiliza para extraer y analizar datos de dispositivos digitales y que fue desarrollado por la empresa israelí Cellebrite, así como 150,000 dólares más para otros tres sistemas vendidos por Cellebrite.
• Una plataforma de drones/vigilancia para la policía guatemalteca por un costo de 75,000 dólares.
• 10 licencias para la policía hondureña por valor de 70,000 dólares para el uso de “software de inteligencia I2”, presumiblemente la plataforma de análisis de inteligencia I2 de IBM que es utilizada por las fuerzas de orden público para mapear y analizar inteligencia.

Capacitación

Varios organismos de seguridad, defensa e inteligencia de los Estados Unidos capacitan a sus homólogos extranjeros. En 2015 94,000 personas participaron en capacitaciones policiales proporcionadas por los Estados Unidos en más de 100 países, a un costo de 2,000 millones de dólares. 

Entre 2015 - 2016:

• Las autoridades de El Salvador, Honduras y Guatemala recibieron capacitación de la DEA sobre “aspectos de cómo hacer una investigación judicial de interceptación de cables. Estos incluyen operaciones encubiertas, planeación operacional avanzada, entradas tácticas, la gestión de fuentes confidenciales y el lavado de dinero”.

• En Guatemala los fondos fueron usados para “Capacitaciones sobre el uso de escuchas telefónicas para mejorar las investigaciones” dirigidas a oficiales regionales.
• La policía salvadoreña recibió capacitación sobre cómo utilizar el UFED de Cellebrite, el sistema forense utilizado para extraer y analizar datos de dispositivos digitales.
• La policía de El Salvador recibió capacitación sobre cómo practicar pruebas de polígrafo.
• Los cuerpos policiales de El Salvador y Guatemala recibieron capacitación sobre el uso de CompStat, una plataforma de vigilancia predictiva que ha llevado a prácticas policiales abusivas en comunidades minoritarias en los Estados Unidos.
• La policía de Guatemala recibió financiación para visitar centros de vigilancia en Puerto Rico.
• La policía de Guatemalarecibió capacitación en investigaciones informáticas y de redes.
• La policía de Honduras recibió capacitación en inteligencia electrónica y de comunicaciones, análisis de comunicaciones criminales, y sobre cómo investigar delitos informáticos, lo que inevitablemente implica técnicas de vigilancia digital. 
• La policía de El Salvador recibió capacitación sobre el uso de las facultades previstas en la Ley de Apoyo de las Comunicaciones para las Fuerzas de Orden Público (Communications Assistance for Law Enforcement Act), que obliga a los operadores de telecomunicaciones a otorgarle acceso a sus redes a los organismos gubernamentales.

Intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas

En mayo de este año durante la firma de un acuerdo que establece “mecanismos para el intercambio de información en la lucha contra la trata de seres humanos y otros delitos” entre Estados Unidos y las fuerzas de orden público, el fiscal general de Trump prometió que la ayuda policial al Triángulo del Norte no sufriría recortes. En febrero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el acuerdo incluiría programas para “aumentar el intercambio de información relacionada con la delincuencia organizada transnacional”. 

Una de las formas de intercambio de esta información es a través de las Unidades Transnacionales de Investigación Criminal (TCIU) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en las que el ICE trabaja con funcionarios extranjeros que “identifican objetivos, practican pruebas, comparten información de inteligencia y facilitan el enjuiciamiento de [grupos delictivos transnacionales], tanto domésticamente como en el sistema judicial de los Estados Unidos”. En 2015 el DHS gastó más de 76 millones de dólares para capacitar a miembros de la policía nacional de Honduras en el Centro de Capacitación de la Policía Federal de Georgia para habilitar las operaciones de las TCIU.

Biometría

El acuerdo también busca “aumentar la recolección de los datos biométricos de las personas que cruzan las fronteras de los países del Triángulo del Norte sin documentación válida” y “La alineación de las plataformas tecnológicas para satisfacer las necesidades operativas y de intercambio de información”. 

Uno de esos programas es el Programa de Alerta sobre la Identificación Biométrica en la Migración Transnacional (BITMAP). Este programa, que fue aprobado el año pasado a pesar no exigir suficientes protecciones de privacidad, le permite a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que proporcionen capacitación y equipos biométricos a agencias extranjeras. Los datos que recopilen serán compartidos con bases de datos biométricos estadounidenses, incluyendo un nuevo sistema conocido como HART, que ha sido desarrollado por la compañía de armas Northrop Grumman, el cual, según una presentación del DHS vista por Privacy International, habrá registrado la enorme cifra de 180 millones de transacciones biométricas anuales para el año 2022. 

Por ejemplo, en el marco del BITMAP, el Departamento de Estado gastó el año pasado casi 60,000 dólares en Jump Kits para capturar y compartir datos biométricos según los datos de adquisiciones de los Estados Unidos. Hasta el año pasado BITMAP había sido implementado en 14 países, “con planes a corto plazo para expandirse a otros países”.

Adicionalmente:

• En 2015 el Departamento de Estado entregó a la policía de El Salvador un sistema de toma de huellas dactilares por valor de 1.4 millones de dólares.
• En 2016 el Departamento de Estado destinó más de 640,000 dólares en fondos de ayuda a El Salvador para pagar a 3M Cogent, una compañía biométrica de Sistemas Automáticos de Identificación de Huellas Dactilares.
• En el ejercicio fiscal 2018 el Departamento de Estado efectuó pagos por casi 500,000 dólares a Gemalto Cogent, una empresa de biométrica, con los dineros de ayuda a Guatemala para fines que no han sido revelados públicamente. 

Se prevé que Estados Unidos aumentará la exportación de la recolección el procesamiento y el intercambio de datos biométricos. Uno de los tres objetivos de la Estrategia Nacional para Combatir los Desplazamientos Terroristas que presentó Trump en diciembre de 2018 es “mejorar las capacidades de seguridad de los socios extranjeros en materia de desplazamientos” aumentando “las labores de los socios extranjeros para potenciar el proceso de control de viajeros, la recolección de datos, el análisis y el intercambio de datos, incluyendo los datos biométricos y de otra índole de los viajeros”. 

Agentes estadounidenses vestidos de civil

El acuerdo también quiere “Ampliar las operaciones del Programa Conjunto de Seguridad (JSP) en El Salvador, Guatemala y Honduras”. El programa JSP despliega en el extranjero a oficiales estadounidenses vestidos de civil y les permite identificar, interrogar y revisar los documentos de los viajeros y recomendar que se les niegue el derecho a viajar. 

Si desea más información sobre las fuentes que pueden ser utilizadas para identificar la transferencia de vigilancia, puede consultar la guía sobre investigación en fuentes de dominio públicode Privacy International.