En Argentina, Todavía No Es Tarde Para Hacer Las Cosas Bien En Materia de Privacidad

Este artículo fue co-escrita con Valeria Milanes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Una versión en ingles está disponible aquí.

En Enero de 2015, el sistema de inteligencia de Argentina fue objeto de atención pública luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, debido a la presunta participación de los servicios de inteligencia en dicho suceso. Este escándalo impulsó la reforma del sistema de inteligencia del país. 

En Febrero del mismo año, la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520) fue reformada por la Ley de la Agencia Federal de Inteligencia (N° 27.126). En un período de dos años, se realizaron varias modificaciones a la estructura del aparato de inteligencia. La facultad de llevar adelante las vigilancias de las comunicaciones fue transferida desde la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) al Ministerio Público, y finalmente terminó recayendo bajo jurisdicción de la Corte Suprema.

Finalmente, a fines de Septiembre de 2016, la Corte Suprema creó la Oficina de Captación de Comunicaciones (OCC). La OCC se convirtió en el único órgano autorizado para vigilar las comunicaciones en Argentina.

Pero si bien lo recién descripto puede hacer pensar que todo está en orden, la realidad dista mucho de ello. Argentina tuvo la chance de empezar de cero y limpiar el pobre historial de su agencia de inteligencia. Sin embargo, no lo hizo.

El proceso de reforma mencionado falló en producir los cambios que se requerían para asegurar un marco jurídico efectivo en la regulación de las actividades de vigilancia. El sistema de inteligencia en Argentina sigue siendodisfuncional y opaco,y no está sujeto a un control apropiado o a una supervisión independiente. No hay transparencia de sus actividades y no hay mecanismos de rendición de cuentas de su presupuesto.

Finalmente, como resultado de la persistente falta de transparencia de las políticas y prácticas de vigilancia de Argentina, no está claro cuáles son las capacidades de vigilancia que el país actualmente posee. Las preocupaciones señaladas se intensifican debido a la poca información pública disponible, así como a la evidencia que indican la compra de tecnología de vigilancia intrusiva, y reportes de vigilancia a políticos, periodistas y otros activistas.

Hacemos un llamado al gobierno de Argentina a que adopte los pasos necesarios para asegurar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyendo el artículo 17, en relación a asegurar una supervisión independiente, transparencia, y mecanismos de rendición de cuenta de los actuales y futuros órganos involucrados en las actividades de vigilancia.

De manera similar, cuando se trata de protección de datos personales, las autoridades parecen tener buenas intenciones. Sin embargo, sus acciones no están a la altura de aquéllas. Si bien reconocemos el proceso de reforma abierto e inclusivo que se inició en 2016, estamos preocupados por los recientes desarrollos que están sucediendo en paralelo a este proceso, los cuales tienen impacto en el régimen de protección de datos personales en Argentina. Un decreto de necesidad y urgencia fue emitido en Septiembre de 2017 y modificó la recién sancionada Ley de Acceso a la Información Pública en varias maneras. La norma trasladó la autoridad de protección de datos personales argentina a la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Estamos preocupados de que esta fusión implique que la autoridad no será suficientemente reconocida y por lo tanto, que la protección de datos personales no tendrá el mismo nivel de reconocimiento y de capacidad de aplicación de sus disposiciones que el derecho al acceso a la información.

Si Argentina desea honrar su compromiso con un proceso de reforma eficiente, transparente, abierto y sincero, debe hacerlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Esto se vuelve más importante, dadas las iniciativas basadas en la utilización intensiva de datos que se están realizando dentro de un marco jurídico inadecuado, tales como la expansiva centralización de datos que se recolectan de diversas bases de datos públicas, como es el ejemplo de SIBIOS. Con la próxima entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, esta es la oportunidad para hacer bien las cosas.

Pero no todo el panorama es negativo. Existe todavía la oportunidad para que Argentina reafirme su compromiso con el derecho a la privacidad y la protección de los datos de sus ciudadanas y ciudadanos. El Lunes 6 de Noviembre de 2017 el país será examinado por sus pares como parte del 28º Examen Periódico Universal (EPU). Como de este proceso la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Privacy International (PI) presentaron sus inquietudes y recomendaciones sobre el derecho a la privacidad en Argentina. En preparación para el examen de la próxima semana, hicimos llegar nuestras preocupaciones a las diversas Misiones Permanentes y participamos en varias pre-sesiones. Esperamos que nuestras preocupaciones tengan la resonancia en aquellos representantes con los que dialogamos y que se emitan recomendaciones sobre el derecho a la privacidad en Argentina, para así consolidar los esfuerzos realizados dentro del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos en Naciones Unidas, incluyendo el EPU, para abogar por mejores protecciones a la privacidad para todas y todos.

Mediante este proceso, los países tienen una chance de exigir que las autoridades argentinas demuestren qué acciones han tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y mostrar cómo van a superar los desafíos que se presentan para el disfrute de los derechos humanos, tales como el derecho a la privacidad. Esperemos que esta oportunidad no sea desaprovechada.

La presentación realizada por ADC y PI está disponible en español y en inglés.