Mi DNI, mi identidad: El impacto de los sistemas de identificación sobre las personas transgénero en Argentina, Francia y en Filipinas.

Caso de estudio 1. Filipinas: “La discriminación contra las personas trans comienza con sus documentos de identidad” – Naomi Fontanos

En 2018, Filipinas aprobó una ley para establecer un nuevo sistema registral. La Ley de Sistemas de Identificación de las Filipinas permitió la creación de un “súper documento” que reemplazará los múltiples documentos de identidad usados por los filipinos. Este documento nacional de identidad incluirá el nombre completo, el sexo, el grupo sanguíneo, la fecha y el lugar de nacimiento, el estado civil y la fotografía de su titular. El registro del Sistema de Identificación de las Filipinas (PhilSys) también recabará información adicional, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y datos biométricos (10 huellas dactilares y escaneo de iris).

Este documento será usado no sólo al interactuar con el estado (pagar impuestos, acceder a beneficios o servicios educativos y de salud, etc.) sino también en transacciones privadas, como la apertura de cuentas bancarias.

Sin embargo, en octubre de 2020 este documento aún no había sido puesto en circulación. A finales de 2019, el gobierno anunció que todos los filipinos tendrían su documento para 2022.

En 2018, PI habló sobre esta ley con Naomi Fontanos, una mujer trans y activista de los derechos de las personas trans, cofundadora y Directora Ejecutiva de Ganda Filipinas. La grabación de la entrevista está disponible aquí.

Ganda Filipinas ha abogado por mucho tiempo por el reconocimiento de la identidad de género y el derecho de las personas trans a solicitar la modificación de sus documentos de identidad y sus certificados de nacimiento.

“Esto es muy importante para acceder a otros derechos civiles, políticos, económicos y culturales en nuestro país. Como activista trans, siempre sostuve que la discriminación contra las personas trans comienza con sus documentos de identidad, porque estos generan un efecto dominó en sus vidas. Por ejemplo, si una persona trans se postula para un puesto de trabajo y el nombre y el género que figuran en su documento de identidad no coinciden con el género que presenta es muy probable que no consiga ese trabajo. Todo fue cuesta abajo, porque cuando una persona trans no tiene trabajo pasa a integrar las estadísticas de personas pobres en el país. Si eres pobre no puedes acceder al sistema de salud. Si no puedes acceder a al sistema de salud es más probable que padezcas enfermedades”.

En aquél entonces, Naomi manifestó serias preocupaciones sobre la nueva ley, especialmente dado que las organizaciones trans habían sido excluidas del debate. “Al no reconocer legalmente nuestro género, el sistema registral nacional nos atrapa en esta identidad con la que ya no nos identificamos”.

Cuando hablamos con Naomi nuevamente este año, ella hizo hincapié en el hecho de que, si bien el sistema registral nacional aún no ha sido implementado, las personas trans siguen viéndose afectadas por el sistema actual, ya que los distintos documentos de identidad que llevan con ellas no reflejan quienes son.

Si bien tener un documento de identidad que no refleja la identidad propia puede exacerbar la sensación de disforia de género y afectar negativamente la salud mental de las personas trans en general, también tiene otras consecuencias para los filipinos trans.

“Incluso sin tener un documento nacional de identidad, en nuestra experiencia, cuando las personas trans intentan acceder a servicios o establecimientos en los que deben exhibir un documento oficial para demostrar su género, casi siempre son discriminadas. Por ejemplo, si una mujer trans solicita una membresía de gimnasio, es posible que se le exija que use el baño de hombres, los vestuarios para hombres, el sauna para hombres u otras instalaciones en función del género que figura en su documento de identidad, a pesar de que se presente como una persona de género femenino. Hemos tenido experiencias de este tipo. También existen establecimientos que prohíben la entrada a mujeres trans en función de estereotipos o errores sobre lo que implica ser trans, y este calvario suele comenzar cuando se le pide a una mujer trans que presente un documento de identidad para verificar la información que ha provisto de buena fe. Asimismo, todos sabemos que siempre que se recaba este tipo de datos las comunidades marginadas son las primeras en ser sometidas a métodos de vigilancia más estrictos por el estado. Sabemos por las experiencias vividas en otras regiones que siempre que se utilizan los datos como armas para perseguir a los ciudadanos sospechados de participar en actividades delictivas o ilegales, los grupos más vulnerables son los primeros en ser victimizados por el estado de policía: las personas pobres, las personas trans y las demás poblaciones consideradas “inaceptables” o “indeseables” por la sociedad”.

A modo de ejemplo, Naomi menciona la operación “Oplan X-men”, un escándalo que está siendo investigado por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. Las autoridades de la ciudad de Makati, en la región de Manila, perseguían y arrestaban mujeres trans en las calles, con el supuesto propósito de “salvarlas de la explotación y la trata de personas”.

“Tener un documento nacional de identidad que incluya un nombre y género legales que no coinciden con nuestro género autopercibido nos hará más vulnerables a abusos de este tipo, porque confirmará nuestro estatus de personas trans sometidas a la vigilancia forzada de la policía”.

La brecha que existe entre la identidad y los documentos oficiales de una persona también afecta sus posibilidades de acceder a los servicios de salud. “Cuando una mujer trans es internada en un hospital y el doctor observa que su documento de identidad incluyen un marcador y un nombre masculinos, la paciente es automáticamente asignada a una ala para hombres. Entonces, en lugar de mejorar su condición, la exposición al sistema de salud hace que estas mujeres experimenten aún más dolor y miseria”, explica Naomi.

Caso de estudio 2. Francia: “Cuando tus documentos no coinciden con tu identidad estás a merced de todas las personas con las que interactúas: tu empleador, tus profesores, tu casero…”

En 2016, Francia aprobó una ley que permite a las personas trans solicitar la modificación del género registrado sin necesidad de presentar ningún documento médico que certifique su condición de transgénero. Hasta 2016, toda persona que deseara solicitar la modificación de su certificado de nacimiento y documento de identidad debía presentar un certificado emitido por un psiquiatra y demostrar que se había sometido a procedimientos médicos irreversibles, por ejemplo procesos de esterilización.

Si bien esta modificación de la ley es indudablemente un paso en la dirección correcta y una gran mejora en comparación con el contexto anterior, en la práctica el proceso legal para solicitar la modificación de un documento de identidad sigue siendo una pista de obstáculos para muchos. Asimismo, la ambigua redacción de los textos legales pone a las personas trans a merced de la buena voluntad de los funcionarios públicos encargados de sus casos.

Hablamos con dos activistas trans franceses: Anaïs, miembro del consejo directivo de OUTrans, una organización feminista con sede en Paris que ofrece ayuda a personas trans y realiza actividades de concientización a nivel nacional, y un miembro de otra organización que prefiere permanecer anónimo, por lo que lo llamaremos Joe.

Si bien tanto Anaïs como Joe afirman que la ley de 2016 cambió las vidas de muchas personas trans en Francia, ambos reconocen sus limitaciones. Anaïs dijo:

“La ley de 2016 liberó muchas cosas. Muchas personas no creían que llegaría el día en que pudieran vivir su identidad trans de forma social y legal. Se desalentaban porque veían el proceso por el que tuvieron que atravesar las primeras personas que solicitaron la modificación de sus documentos de identidad como una verdadera pista de obstáculos. Ahora esto es definitivamente más fácil y es un proceso posible. El mero hecho de que el Código Civil incluya un capítulo sobre cambio de sexo (si bien el término utilizado no es correcto) significa que las personas trans han tomado entidad desde una perspectiva legal, mientras que antes sólo podían ser encontradas en sentencias judiciales. El problema es que la ley de 2016 facilitó las cosas pero no introdujo cambios de fondo”.

Joe y Anaïs consideran que uno de los problemas fundamentales de la situación actual es que existen dos procedimientos separados que las personas trans deben completar para obtener la modificación de sus documentos de identidad. El primero es el cambio de nombre. Este proceso no es específico para personas trans y es el mismo proceso que debe seguir cualquier persona que desee cambiar su nombre de pila. Esto se hace en el ayuntamiento.

Ya en esta etapa la redacción de la ley es problemática. Tal como explica Joe, las personas deben demostrar el “uso prolongado y constante del nombre”. Este requisito implica que las personas deben vivir por un periodo prolongado de tiempo con documentos de identidad que no coinciden con sus nombres. El otro problema es que no existe una definición clara de “prolongado” ni una lista de documentos que deban ser presentados para demostrar el uso efectivo del nombre solicitado. A este respecto, Joe dijo:

“Existe una verdadera falta de uniformidad a lo largo del país. Para cambiar tu nombre debes presentar todo tipo de documentos que prueben que has usado el nombre solicitado por un periodo de tiempo prolongado y en distintas esferas de tu vida (profesional, familiar, hobbies, amigos), pero no existe ninguna lista de estos documentos y el tratamiento de este requisito difiere enormemente de un ayuntamiento a otro. En París no suelen haber problemas, porque las personas involucradas participaron de capacitaciones específicas y todo suele funcionar bien. Sin embargo, incluso en Paris he oído de personas a quienes se les exigió que presentaran declaraciones juradas de sus amigos en las que estos afirmen que la persona solicitando el cambio utiliza efectivamente el nombre solicitado”.

Anaïs hace hincapié en otro problema que enfrentan las personas trans cuando quieren cambiar sus nombres:

“La persona solicitando el cambio debe probar que tiene un “interés legítimo” en su solicitud, y es en este punto que las cosas se complican. Si bien la legislación francesa prohíbe juzgar a alguien por su apariencia, la ley que regula el cambio de nombre establece que, a fin de probar la existencia de un interés legítimo, la persona debe probar que el nombre solicitado coincide con el género que presenta. Entonces, por un lado las personas no pueden ser juzgadas por su apariencia, pero por otro lado les pedimos a los empleados del registro civil que evalúen la apariencia de una persona trans. Esto hace que algunas personas se sientan obligadas a comportarse como arquetipos de sus géneros para asegurarse de que se apruebe su solicitud”.

Anaïs también menciona que la falta de visibilidad de las personas trans en Francia intensifica las dificultades que experimentan al atravesar este proceso que no fue pensado específicamente para ellas.

“En Francia las personas trans no tienen una gran visibilidad. No sucede lo mismo que en los Estados Unidos, donde tienen a Caitlyn Jenner, una personalidad conocida por todos que ha atravesado el proceso de transición. No existe una celebridad trans conocida por todos. Cuando hablamos de la identidad trans, las personas no siempre saben de qué se trata. Si eres un empleado del registro civil de un ayuntamiento y te pasas todo el día emitiendo pasaportes, y un día ves llegar a una persona que viene a cambiar su nombre, puede que sea la primera persona trans que hayas visto en tu vida. No tendrás idea de qué es o qué implica la identidad trans, por lo que tus presunciones pueden ser absurdas o estar basadas en estereotipos, o tu reacción puede ser ‘no tenía idea de que pudiera hacerse esto’.

Las personas que deciden atravesar el proceso de transición han dedicado una enorme cantidad de tiempo a reflexionar sobre sí mismas, y una vez que empiezan el proceso sienten que todo el mundo está en su contra. Entonces tenemos, por un lado, a alguien que cree que la sociedad le está poniendo palos en las ruedas y, por otro lado, a alguien que ni siquiera sabe qué es la identidad trans y obstaculiza involuntariamente todo el proceso. Esto le complica la vida tanto a las personas trans como a los empleados del registro civil”.

Una vez aprobado el cambio de nombre, el certificado de nacimiento es actualizado automáticamente, pero debe solicitarse la modificación de los datos en cada uno de los documentos restantes (documento de identidad, credencial de seguridad social, documentos fiscales, diplomas…).

Una vez completado este proceso, una persona trans puede solicitar la modificación del marcador de sexo en sus documentos de identidad. Esto se hace a través de un proceso judicial que incluye la presentación de una solicitud ante un tribunal y posiblemente una audiencia. El proceso (que implica la presentación de documentos similares a los necesarios para el cambio de nombre) puede tomar entre seis meses y un año. Si bien solicitar cualquier documento médico es ilegal, tanto Joe como Anaïs afirman que sus organizaciones han sido testigos de prácticas dudosas por parte de algunos tribunales, como el de la ciudad de Orleans, que solo aceptaba solicitudes que incluyeran documentos médicos.

Tanto la presentación de una solicitud de cambio de nombre como la presentación de una solicitud de modificación del marcador de sexo implican un gran riesgo. Si la solicitud es denegada, el proceso de apelación es una batalla legal que requiere el pago de costas. Joe afirma que esto desalienta a las personas de solicitar la modificación de sus documentos de identidad y certificados de nacimiento en una etapa temprana del proceso de transición, por miedo a que se rechace su solicitud.

Esto significa que, en Francia, las personas trans pasan meses o hasta años con documentos de identidad que no reflejan quienes son.

Tanto Anaïs como Joe quisieran ver un sistema en el cual el proceso se reduzca a un único trámite que pueda completarse directamente ante una autoridad local y permita a las personas trans modificar sus documentos de identidad (tanto el nombre como el marcador de sexo) sin necesidad de acudir a un tribunal. Anaïs hace hincapié en el hecho de que el sistema de justicia francés ya está desbordado y no es necesario involucrar a los jueces en este proceso.

Joe menciona a Argentina como modelo de la forma en que deberían hacerse las cosas. También destaca la falta de opciones para los inmigrantes que viven en Francia y quieren solicitar el reconocimiento de sus nombres e identidades a pesar de que sus países de origen no lo permiten.

Francia ha normalizado un sistema en el que las personas trans deben vivir meses o hasta años con documentos de identidad que no reflejan sus identidades, y las consecuencias que enfrentan estas personas son muy reales. Joe menciona el caso de una persona cuya solicitud de cambio de nombre había sido aceptada pero cuyo documento de identidad no había sido actualizado aún. Solicitar un nuevo documento de identidad puede ser un proceso extenso en sí mismo. La persona en cuestión solicitó la modificación del nombre que figura en su Carte Vitale, la credencial de seguridad social estatal que permite el reembolso inmediato de los gastos de salud, pero el hecho de que no tuviera un documento de identidad hizo que los servicios de seguridad social sospecharan que intentaba cometer un fraude y le quitaran el derecho a acceder a sus prestaciones, lo que equivale a una prohibición de hecho a acceder a un sistema de salud asequible.

Joe describe una vida en la que las personas trans están a merced de aquellos con quienes interactúan.

“En la universidad tenía un amigo que presentaba perfectamente la apariencia física de un hombre. Cada vez que el profesor tomaba lista al comienzo de la clase, él no respondía para no revelar su condición de hombre trans. Los profesores lo marcaban como ausente y él tenía que hablar con cada uno de ellos al final de la clase para explicar su situación. Uno está a merced de la buena voluntad de cada persona con quien interactúa: sus profesores, sus empleadores…

Uno está expuesto a la discriminación en todos los campos en que se le solicita que presente un documento de identidad. Es una fuente de discriminación en el acceso a la vivienda. Puede que el dueño de un departamento no quiera alquilarlo a una persona trans. Puede ser un obstáculo al buscar empleo, ya que un empleador puede creer que se trata de un problema que tendrá que resolver y no quiere tener que lidiar con ello. Uno puede enfrentar doctores transfóbicos y arriesgarse a recibir tratamientos de mala calidad. Ante la verificación de documentos de identidad por la policía, uno puede estar expuesto a casos de violencia policial o, como mínimo, a procesos de verificación más prolongados.

Las cosas son más difíciles incluso a la hora de recoger un paquete de la oficina de correo, a menos que uno reciba toda su correspondencia con su nombre legal (y eso asumiendo que todo el mundo conozca tu nombre legal). A mí me pasó una vez: tuve que negociar por treinta minutos con un empleado del correo que se negaba a entregarme un paquete porque el nombre que figuraba en mi documento de identidad no era el nombre del destinatario, a pesar de que mi apellido fuera el mismo y de que yo tuviera el número de seguimiento del envío”.

Cuando se trata de acceder al sistema de salud, las personas trans enfrentan problemas incluso cuando sus documentos de identidad coinciden con el género con el cual se identifican. La Carte Vitale indica el género de las personas por medio de un código numérico (“1” para hombres y “2” para mujeres). Si bien es posible modificar el número una vez que se ha modificado el marcador de sexo en el documento de identidad, esto tiene consecuencias para las personas trans. Por ejemplo, los hombres trans ya no tienen permitido atenderse con un ginecólogo a pesar de que puede que aún requieran atención ginecológica. De igual forma, las mujeres trans pierden el derecho a solicitar exámenes de próstata aunque aún tengan una.

Esta situación no sólo demuestra que es necesario que los servicios estatales de todos los sectores estén mejor informados y capacitados para responder a las necesidades específicas de las personas trans, sino también las limitaciones y los problemas que surgen en todos los casos de un sistema estrictamente binario.
 

Caso de estudio 3. Argentina “El derecho a la modificación de los documentos de identidad no puso fin a la violencia institucional, pero envío un mensaje contra esa violencia”.

Tal como surge de nuestra entrevista con Joe, la República Argentina suele ser considerada un modelo a seguir en lo que respecta al derecho de modificación de los documentos de identidad de las personas trans. En mayo de 2012, el Senado aprobó la Ley de Identidad de Género, cuyo Artículo 1 establecer que toda persona tiene derecho:

 a)    Al reconocimiento de su identidad de género;
 b)    Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
 c)    A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

De acuerdo con esta ley, a fin de obtener la modificación de un documento de identidad sólo es necesario presentar una solicitud ante el Registro Civil por la cual se requiera la modificación del certificado de nacimiento y un nuevo documento de identidad con el mismo número que el original. No existe ningún proceso o requisito más que la presentación de esa simple solicitud.

Hablamos con María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, excongresista y redactora de la Ley de Identidad de Género. Rachid ha sido una activista de la comunidad LGBT por muchos años y es la fundadora de la Federación Argentina LGBT, una organización de segundo grado que nuclea a 150 organizaciones LGBTIQ argentinas.

Al comenzar a redactar la ley, Rachid analizó las leyes vigentes en otros países y observó las preocupantes limitaciones existentes en los distintos sistemas legales.

“La legislación de otros países establecía la necesidad de un diagnóstico médico para poder acceder al cambio registral y a los tratamientos y cirugías de reasignación de sexo. Uno de los motivos por los cuales se planteaba esto es por la patologización de la identidad trans. Se consideraba a la identidad trans una especie de patología en donde las personas habían nacido en un cuerpo equivocado, y por lo tanto había que corregir esa patología a través de un cambio registral y de cirugías y tratamientos.

Nosotros, como organización [Federación Argentina LGBT], consideramos que la definición de la identidad nada tiene que ver ni con una patología ni con una condición médica, sino que las personas pueden definir su identidad a partir de sí mismas, sin necesidad de ninguna autorización ni médica, ni judicial, ni psicológica, ni de ningún otro tipo. No consideramos que las personas trans estén enfermas, sino que hay una especie de problema social en el que la sociedad te asigna una categoría de sexo y género que define un montón de cosas de tu vida.

Entonces, consideramos que el cambio de identidad, y el acceso incluso a tratamientos y cirugías, debía darse en base a una decisión personal”.

Rachid se esforzó por asegurar que la ley facilitara el procedimiento y evitara la creación de obstáculos. La ley fue redactada de forma que la tramitación del proceso se llevara a cabo ante una oficina administrativa (no un tribunal capaz de denegar la solicitud o imponer el pago de costas) e incluye una “Cláusula de Trato Digno”, que establece que las personas pueden exigir que cualquier institución se refiera a ellas con sus nombres y géneros autopercibidos, aún si no desean que se modifique su nombre o género en sus documentos de identidad.

La ley también toma en cuenta la realidad de los inmigrantes, al establecer que incluso en aquellos casos en que el país de origen de una persona no reconozca su identidad de género, esto no es una excusa para que el Estado Argentina prive a dicha persona del goce de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, los inmigrantes pueden solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones que modifique cualquier documento de identidad emitido por el Estado Argentino.

Si bien Rachid reconoce que la ley no eliminó todos los riesgos que enfrentan las personas trans, confía en que ha ayudado a las personas trans a superar determinadas situaciones institucionales, ya que envío un fuerte y claro mensaje a todas las instituciones argentinas: todas las personas pueden definir su propia identidad de género y sus identidades son válidas.

“Los riesgos [enfrentados por las personas trans] tenían que ver con la violencia institucional de la que eran objeto de manera permanente. Eso no se terminó con los cambios registrales, pero sí los cambios registrales ayudaron mucho a modificar esta situación. Esta situación todavía existe, porque todavía muchas personas trans tienen como único recurso el trabajo sexual y eso las expone a la violencia institucional permanente, pero el tema del documento era una excusa perfecta para la violencia institucional especialmente dirigida hacia las personas trans. Había Incluso normativa en el país, normativa local de algunas provincias, que penalizaba la identidad trans expresamente, y a partir de esta discusión y de la aprobación de la ley [de identidad de género] por supuesto toda esa normativa se derogó.

Por otro lado, hay otros tipos de violencias institucionales que venían de otras instituciones: los hospitales, las escuelas, etc. Había una violencia permanente que estaba basada y partía del no reconocimiento de la identidad. Al establecer el reconocimiento de la identidad en los documentos no solamente el cambio del documento fue lo importante, sino también el mensaje del Estado en esos cambios registrales. El mensaje de reconocimiento de la identidad tiene un efecto mucho más poderoso que el cambio de concreto en el documento en realidad, y el respeto de eso por parte de las instituciones, ya sean públicas o privadas, tiene un efecto respecto del acceso a todos los derechos: a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia.

El que las instituciones respeten el derecho de identidad de las personas permite usar ese respeto como herramienta para que no haya violencia en la vida cotidiana. Por lo menos da un mensaje en contrario de esa violencia, por más de que esa violencia todavía exista en la sociedad y todavía haya que trabajar contra ella. El reconocimiento por las instituciones de la identidad de las personas es un mensaje en contrario de esa violencia que viven las personas trans todavía, y ese mensaje en contrario de esa violencia es una herramienta muy importante para las personas trans”.

María menciona expresamente el caso de los hospitales, donde las personas trans podían ser maltratadas por tener documentos de identidad que no coincidían con sus identidades, lo que llevaba a muchas de ellas a no solicitar atención médica y tenía consecuencias muy reales sobre sus vidas, y afirma que “lo que genera toda esta violencia y todo este no acceso a derechos es un promedio de vida en la región de 35 a 40 años, que es la mitad del promedio de la población general”.

María asegura que no ha habido obstáculos serios a la implementación de la ley. El principal problema es que en algunas provincias el proceso puede llevar más tiempo que en otras.

Sin embargo, aún quedan cosas por hacer para garantizar a las personas trans una protección integral:

“Nosotros tenemos un proyecto que se llama ‘Ley Integral Trans’, que establece un conjunto de políticas públicas en todos los ámbitos: salud, educación, vivienda, trabajo… que creemos que es el siguiente paso, el reconocimiento y el generar políticas públicas para garantizar el acceso a todos estos derechos. Es una población que durante muchos años fue extremadamente excluida y entonces se requiere un esfuerzo importante del Estado y de la sociedad para volver a incluir esta población, y esto requiere de políticas públicas muy fuertes que son temporales, por supuesto, como a las acciones afirmativas. Este proyecto de ley propone un cupo en la administración pública para personas trans, propone incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans, y propone un subsidio para las personas trans mayores de 40 años. Pensemos que si el promedio de vida es de 35 a 40 años, las mayores de 40 son sobrevivientes. Llegan a los 40 años con su salud muy deteriorada, llegan a los 40 años sin educación formal en la mayoría de los casos, sin ninguna experiencia laboral más allá del trabajo sexual, y a esa edad y de esta manera, con la salud deteriorada, sin educación formal, sin experiencia laboral, es muy difícil incluirlas en el mercado laboral. Por lo tanto, consideramos que deben tener, a modo de reparación y para garantizar su subsistencia, teniendo en cuenta las condiciones en las que se las hizo vivir durante tanto tiempo, una asignación mensual que deberían cobrar las mayores de 40”.

Cuando le preguntamos qué consejo le daría a las personas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas trans, María dijo que les recomendaría que sigan el camino de Uruguay. “Uruguay aprobó una Ley Integral Trans, que incluyen nuestra Ley de Identidad de Género más la propuesta de la ley integral que todavía no está aprobada en Argentina”.

Uruguay: en octubre de 2018, Uruguay aprobó la Ley Integral para Personas Trans. La ley no sólo facilita el ejercicio del derecho de las personas a solicitar la modificación de sus documentos de identidad, sino que también les ofrece un paquete de derechos adicionales. Por ejemplo, varias autoridades nacionales y estatales deben destinar el 1% de sus puestos de trabajo a personas trans. La ley también permite a los menores solicitar la modificación de sus documentos de identidad y someterse a tratamientos hormonales sin el consentimiento de sus padres.

También recuerda que el género es más que la distinción binaria entre masculino/femenino y que las leyes futuras deben tomar esto en cuenta:

“En Argentina la ley dice que el estado debe reconocer el género autopercibido. En un principio los cambios fueron hacia la categoría ‘hombre’ o ‘mujer’, pero ahora se están solicitando otras categorías: ‘no binario’, ‘género fluido’, etc., y si bien la ley dice que el estado debe reconocer el género autopercibido todavía hay resistencia por parte de las instituciones. Con este nuevo gobierno yo creo que esto va a cambiar, pero hasta hace unos meses había otro gobierno y las instituciones nacionales se resistían a aceptar cualquier otra categoría que no fuera ‘hombre’ o ‘mujer’, aunque la ley es abierta en ese sentido. Quizás les sugeriría a ser más claros en relación a que las categorías pueden ser varias y no necesariamente sólo ‘hombre’ o ‘mujer’”.

Finalmente, insiste en que la coordinación entre las distintas agencias de la administración pública es esencial para facilitar los procedimientos a las personas trans:

“Yo les sugeriría también introducir este aspecto de que la oficina que reciba las solicitudes de cambios registrales pueda automáticamente, si la persona lo desea, informar a otras instituciones para que la persona no tenga que ir a hacer los cambios a todos lados, como por ejemplo al banco, al registro del automotor, al registro de la propiedad inmueble, etc., que la oficina donde hagan el cambio registral pueda, si la persona lo desea, hacer una notificación directa a estos lugares”.

Cuando le preguntamos su opinión sobre los documentos de identidad que no incluyen marcadores de género o sexo, como los nuevos documentos de identidad de los Países Bajos, María dijo que es una meta a la que aspirar en el futuro. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de asegurar la preservación de las acciones afirmativas en el corto plazo, para que las personas trans puedan Recibir potenciales beneficios para compensa las desigualdades que sufren.

“Quizás es necesario pasar por una ley de identidad de género, pero lo ideal para nosotros es que la categoría de sexo no figure en los documentos ni en los formularios, etc. Esto plantea un problema, que nosotros intentamos resolver en el proyecto, que es el tema de las acciones afirmativas, porque si bien estas categorías son categorías creadas por el sistema de opresión para generar un ordenamiento que le dé más derechos a unos que a otros (en nuestra opinión), y si bien esto ya en lo jurídico no existe, en lo social sigue existiendo y por lo tanto hay un sector que responde a esa categoría original que tiene desventajas, por lo que el sistema jurídico debería darle ventajas para generar una situación de igualdad”.

Conclusión – Las leyes que transforman nuestra sociedad

Tal como afirmamos en nuestro informe, From Oppression to Liberation Reclaiming the Right to Privacy, podemos decir efectivamente que, a través de sus sistemas registrales, el estado pone en práctica percepciones patriarcales según las cuales el género se presenta como una división binaria inmutable.

Es contra este sistema que las personas trans deben combatir y luchar para vivir con dignidad y acceder a servicios básicos, incluyendo servicios de salud.

Si bien la promulgación de mejores leyes no “arregla” a las sociedades y aún existen problemas sociales de fondo, como la transfobia, incluso en los países con los sistemas jurídicos más progresistas, tal como explica la activista argentina María Rachid en su entrevista, las leyes pueden enviar un mensaje muy fuerte a las instituciones y a la sociedad en general. Un sistema jurídico que permite a las personas trans solicitar la modificación de sus documentos de identidad a través de un proceso administrativo muy sencillo y con certeza de que su solicitud será concedida no sólo protege a las personas trans y su derecho a tener documentos que coincidan con su identidad, sino que también envía a la sociedad toda el mensaje de que la exclusión y la intolerancia hacia las personas trans no serán toleradas por el estado y no deberían ser toleradas tampoco por la sociedad.

Dada la discriminación y la exclusión que enfrentan las personas trans, es esencial contar con un sistema jurídico que permita y facilite el reconocimiento de la identidad de género, así como leyes cuyo propósito sea otorgar un respaldo adicional a las personas trans. Pero, como sociedad, también tenemos que preguntarnos cómo queremos que sean los documentos emitidos por nuestros registros civiles, como los certificados de nacimiento y los documentos de identidad. Si aceptamos que esos documentos y sistemas contribuyan a afianzar la concepción binaria del género y la normatividad de género, debemos pensar qué tipo de sociedad queremos y cómo contribuirán a crearla nuestros sistemas jurídicos y documentos.

Si bien este informe se centra en la experiencia de las personas trans identificadas con alguno de los géneros binarios tradicionales, muchas otras personas se beneficiarían del uso de documentos de identidad sin marcadores de género. Anaïs opina que un cambio como ese también otorgaría reconocimiento a las personas no binarias:

“Hablamos de personas trans binarias, pero no discutimos la cuestión de las personas trans no binarias. Está muy claro que si la mención del género desapareciera de todos los documentos administrativos nos ahorraríamos muchos problemas. Mi género me pertenece a mí. No le pertenece al estado, el estado no tiene nada que ver con mi género. Estamos 100% a favor de eliminar el género completamente y Francia comienza a avanzar en esa dirección. Las licencias de conducir, por ejemplo, ya no incluyen un marcador de género.

Hasta hace poco la historia jurídica de Francia avanzaba hacia la eliminación del género en todas las leyes que establecían una distinción entre hombres y mujeres. Lo único que alteró esta dirección son las leyes que promueven la igualdad de género, porque cuando uno tiene leyes que garantizan el derecho igualitario de los hombres y las mujeres a ser candidatos en una elección, o a acceder a cargos públicos o gerenciales, el estado se ve obligado a identificar el género para garantizar la igualdad. En la actualidad el género es utilizado como base de las acciones afirmativas, pero para las personas trans como yo sería más fácil si desapareciera completamente”.

Los problemas que plantean la discriminación y la desigualdad no pueden ser ignorados, y nosotros, como organización de derechos humanos, comprendemos la importancia de contar con datos que reflejen este hecho y mecanismos de acción afirmativa que reparen tales injusticias. Pero confiamos en que es posible promover y perpetuar acciones afirmativas sin depender de la existencia de marcadores de sexo en los documentos de identidad.

Sin embargo, a medida que nos esforzamos por dar forma al futuro de los sistemas registrales y la sociedad en su conjunto, debemos asegurarnos de que el género ocupe el lugar que le corresponde. El género es una construcción social. Es algo que deberíamos poder definir por nosotros mismos. Para algunos de nosotros es algo fluido y puede cambiar a lo largo de nuestras vidas o presentarse de múltiples forma simultáneamente. Por lo tanto, no es algo que los estados puedan imponernos y ciertamente no es un marcador relevante para identificar a una persona con fines administrativos. En otras palabras, el género depende de nuestra identidad personal y autodefinida, no de nuestros documentos de identidad.

Al eliminar los marcadores de género de nuestros documentos de identidad, abrimos la puerta a un mundo más libre para todos: habrá menos presión sobre los padres para asignar un género a sus hijos al nacer, menos presión sobre todos nosotros para definirnos o cumplir con determinadas expectativas, menos presión por cumplir con normas y roles históricamente asociados con el género que nos asignó la sociedad.

Esto es esencial si queremos alcanzar un mundo en el que todos seamos iguales. Así es como imaginamos un mundo en el cual todos seamos libres de ser humanos.

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